Agricultura recurre al Supremo la anulación de la multa a Mercadona por compra de leche por debajo de coste a Covap

El Ministerio de Agricultura y Mercadona volverán a enfrentarse en los tribunales, esta vez ante el Tribunal Supremo, a raíz de una sanción de 66.000 euros impuesta a la cadena de supermercados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). El origen del conflicto está en la supuesta compra de leche a Covap por debajo de los costes de producción, una práctica prohibida por la Ley de la Cadena Alimentaria y especialmente sensible en un sector tan expuesto como el lácteo. 

Más allá de la cuantía económica, el caso tiene un fuerte componente simbólico y jurídico. Para el Gobierno, lo que está en juego es la eficacia real de la normativa diseñada para proteger a los eslabones más vulnerables de la cadena, en especial a las explotaciones ganaderas. La Abogacía del Estado considera que la anulación de la multa, dictada por la Audiencia Nacional, abre la puerta a cuestionar futuras sanciones si se exige revelar información confidencial de los proveedores. 

La sanción fue recurrida por Mercadona tras defender que las condiciones pactadas con Covap se ajustaban a la legalidad y que, en ningún momento, el proveedor trasladó que los precios no cubrieran sus costes. La Audiencia Nacional dio la razón a la cadena al entender que el procedimiento había generado indefensión, ya que Mercadona no tuvo acceso a los datos concretos sobre los costes de producción utilizados por la AICA para justificar la infracción. 

Esta interpretación judicial es la que ha llevado al Ministerio de Agricultura a acudir al Supremo. Desde su punto de vista, obligar a compartir esa información supondría vaciar de contenido el principio de confidencialidad que protege a los proveedores y dificultaría la aplicación de la ley. Un equilibrio delicado entre el derecho de defensa de las empresas y la necesidad de preservar datos sensibles que forman parte de la estructura de costes de las industrias y cooperativas. 

Covap, uno de los grandes actores del sector lácteo español, tiene un papel destacado en este contexto. Con una amplia presencia industrial y una fuerte implantación en distintas comunidades autónomas, el grupo es uno de los principales proveedores de leche de marca blanca en el mercado nacional, lo que da aún más relevancia al caso. 

Ahora será el Tribunal Supremo quien deba pronunciarse sobre una cuestión clave para el futuro del sector: si es posible sancionar la compra por debajo de costes sin comprometer la confidencialidad de la información económica de los proveedores. Una decisión que podría marcar un antes y un después en la aplicación práctica de la Ley de la Cadena Alimentaria y en la protección del valor generado en el campo.