Ganaderos afectados por el cártel de la leche podrán reclamar indemnizaciones de hasta el 10% más intereses

El llamado cártel de la leche vuelve a situarse en el centro del debate agrario. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reactivado su llamamiento a los productores de vacuno de leche para que reclamen judicialmente por los perjuicios sufridos entre los años 2000 y 2013, un periodo en el que varias industrias lácteas coordinaron prácticas para influir en el mercado. 

Según los cálculos de la organización, los ganaderos afectados podrían recuperar hasta un 10% del valor de la leche que comercializaron durante esos años, a lo que se sumarían intereses acumulados desde el momento en que se produjo el daño. En algunos casos, las estimaciones apuntan a compensaciones que podrían alcanzar entre siete y ocho céntimos por litro entregado. 

La batalla judicial tiene su origen en 2011, cuando UPA denunció ante la Comisión Nacional de la Competencia prácticas que, según la organización, impedían a los ganaderos cambiar libremente de industria y mantenían los precios de compra artificialmente bajos. Aquella investigación desembocó en sanciones millonarias a varias empresas del sector, aunque el proceso se prolongó durante años por recursos y revisiones judiciales. 

Con el paso del tiempo, distintas resoluciones han ido consolidando la existencia de estas prácticas ilícitas. Hoy el debate jurídico ya no gira tanto en torno a si existió o no el cártel, sino a cómo calcular el perjuicio económico sufrido por los productores. 

Las primeras sentencias dictadas por juzgados mercantiles en diferentes puntos de España ya han empezado a fijar porcentajes de daño. En algunos casos, las indemnizaciones se han situado en torno al 2% del volumen comercializado, mientras que en otros han alcanzado cifras cercanas al 10%. UPA defiende que el impacto real fue incluso mayor y sitúa el perjuicio entre el 10% y el 14%, según las características de cada explotación. 

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es el denominado “efecto paraguas”. Este principio permite reclamar no solo a los ganaderos que vendieron leche directamente a las industrias sancionadas, sino también a aquellos que comercializaron con otras empresas durante ese periodo. El argumento es que la distorsión de precios afectó a todo el mercado lácteo. 

Además, recientes pronunciamientos judiciales han aclarado que el derecho a reclamar no ha prescrito. El plazo de cinco años para presentar demandas comenzará a contar cuando se consoliden las últimas sentencias firmes del Tribunal Supremo, lo que previsiblemente permitirá iniciar reclamaciones al menos hasta 2030. 

Para miles de ganaderos, incluidos jubilados o herederos de explotaciones ya cerradas, el proceso abre ahora una oportunidad para recuperar parte de los ingresos que, según sostienen las organizaciones agrarias, nunca llegaron a percibir en uno de los periodos más difíciles para el sector lácteo español.