Las reclamaciones por el cártel de la leche se acercan a los 1.200 millones y aún hay plazo para reclamar

La resolución definitiva sobre el conocido como cártel de la leche continúa teniendo consecuencias para el sector ganadero. Tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), miles de productores mantienen abierta la posibilidad de reclamar una compensación económica por los perjuicios sufridos durante más de una década.

Las reclamaciones ya presentadas por ganaderos de comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña alcanzan un valor aproximado de 1.200 millones de euros. En total, más de 7.800 productores han iniciado el proceso para solicitar una indemnización, aunque desde el ámbito jurídico recuerdan que todavía existen numerosos afectados que desconocen que pueden ejercer este derecho.

Según explica Ulises Corona, director general de Grupo AlegA Abogados, los ganaderos que vendieron leche cruda de vaca entre los años 2000 y 2013 a alguna de las industrias sancionadas podrían recuperar entre un 2% y un 10% de la facturación correspondiente a ese periodo, a lo que habría que sumar los intereses legales que se generen en cada caso.

La investigación desarrollada por la CNMC concluyó que varias de las principales empresas del sector intercambiaron información comercial sensible y coordinaron durante años sus políticas de compra de leche, una actuación que derivó en sanciones superiores a los 80 millones de euros. La reciente ratificación de esas multas por parte del Tribunal Supremo refuerza ahora la base jurídica sobre la que se sustentan las reclamaciones civiles de los afectados.

El siguiente paso consiste en calcular el perjuicio económico sufrido por cada explotación. La cuantía de la indemnización dependerá de factores como el volumen de leche comercializado y las operaciones realizadas durante el periodo afectado, por lo que cada expediente debe analizarse de forma individual.

Los posibles beneficiarios no son únicamente los ganaderos que continúan en activo. También pueden reclamar quienes hayan cerrado su explotación, los herederos de titulares fallecidos, los productores que comercializaban a través de cooperativas e incluso los primeros compradores, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Desde el sector insisten en que la falta de parte de la documentación o el cese de la actividad no impiden necesariamente presentar una reclamación. Por ello, recomiendan revisar cada caso antes de descartar la posibilidad de solicitar una compensación por los daños derivados de las prácticas que la Justicia ha considerado contrarias a la competencia.