El Tribunal Supremo confirma la participación de Lactalis en el cártel de la leche y refuerza las reclamaciones de miles de ganaderos
El Tribunal Supremo ha puesto fin al recorrido judicial de Lactalis en el denominado cártel de la leche al desestimar íntegramente el recurso de casación presentado por la compañía contra la resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La decisión del Alto Tribunal confirma de forma definitiva la participación de la empresa en las prácticas anticompetitivas investigadas y supone un importante respaldo para las reclamaciones impulsadas por miles de ganaderos afectados.
La sentencia ratifica tanto la resolución dictada por la CNMC en 2019, que impuso a Lactalis Iberia una sanción de 11,7 millones de euros, como el posterior pronunciamiento de la Audiencia Nacional. Con ello, quedan definitivamente acreditados los hechos relativos a la actuación de la compañía dentro de una infracción considerada única y continuada, desarrollada durante más de una década.
Según recoge el fallo, las prácticas sancionadas incluyeron el intercambio sistemático de información sobre precios de compra de leche cruda, volúmenes de aprovisionamiento y excedentes, así como acuerdos sobre precios, reparto de proveedores y mecanismos de control del mercado. Estas actuaciones, de acuerdo con las resoluciones judiciales, tuvieron como consecuencia una reducción de la capacidad negociadora de los ganaderos y contribuyeron a limitar la competencia en el sector.
La decisión del Supremo adquiere una especial relevancia porque reduce considerablemente el margen de defensa de las empresas implicadas en los procedimientos civiles que actualmente se encuentran en marcha. Además de Lactalis, ya existen resoluciones firmes respecto a otras compañías y entidades vinculadas al cártel, mientras permanecen pendientes de resolución los recursos presentados por otros grupos del sector lácteo.
La firma jurídica Eskariam, que junto al despacho internacional Hausfeld representa a más de 7.800 productores de distintas comunidades autónomas, considera que esta sentencia sitúa a los ganaderos en el escenario procesal más favorable desde el inicio del litigio. La estimación del perjuicio económico reclamado por los clientes representados supera los 1.200 millones de euros, aunque las cuantías finales dependerán del volumen de leche comercializado y del período concreto afectado en cada explotación.
El fallo del Tribunal Supremo marca así un nuevo punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más relevantes para el sector lácteo español. Tras años de recursos y procedimientos administrativos, la atención se desplaza ahora hacia la fase indemnizatoria, donde miles de ganaderos buscarán obtener una compensación por los perjuicios sufridos durante años de prácticas declaradas contrarias a la competencia.
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