El sector lácteo encara el vencimiento de contratos sin acuerdo y pide prórrogas urgentes

La crisis láctea ha entrado en una fase decisiva. Tras el vencimiento, el pasado 31 de marzo, de la mayoría de los contratos entre ganaderos e industria, la falta de acuerdo generalizado ha elevado la tensión y ha llevado a las organizaciones agrarias a solicitar medidas urgentes para evitar un colapso en la recogida de leche.

En comunidades como Castilla y León, las principales organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UCCL y la alianza UPA-COAG) han pedido a la industria láctea que prorrogue al menos quince días las negociaciones, hasta mediados de abril. El objetivo es ganar margen en un proceso que consideran “precipitado” y que, denuncian, se ha llevado a cabo en muchos casos con ofertas verbales y en el último momento.

Según explican, las propuestas trasladadas por las industrias contemplan recortes de en torno al 14 % respecto al precio anterior, lo que situaría la leche en niveles difícilmente asumibles para muchas explotaciones. Además, alertan de que la naturaleza perecedera del producto coloca a los ganaderos en una posición de clara desventaja, al depender de la recogida diaria para evitar pérdidas.

El temor principal del sector productor es que, sin contratos firmados, algunas industrias puedan dejar de recoger leche desde hoy, 1 de abril. Una situación que las organizaciones califican directamente de “chantaje” y que, a su juicio, dejaría sin efecto la Ley de la Cadena Alimentaria, diseñada precisamente para evitar abusos y garantizar precios por encima de costes.

Mientras tanto, las negociaciones siguen bloqueadas a nivel nacional. Representantes de productores reconocen que no hay avances significativos y advierten de que la industria mantiene su intención de aplicar bajadas de entre cinco y ocho céntimos por litro. Aun así, admiten que muchos ganaderos podrían verse obligados a firmar ante la falta de alternativas inmediatas.

El desacuerdo se produce en un contexto de fuerte división sobre la situación del mercado. Mientras los ganaderos sostienen que la menor producción nacional y el aumento de la demanda deberían sostener los precios, la industria insiste en que la presión de los excedentes europeos y la entrada de producto más barato están lastrando su competitividad.

Ante la magnitud del conflicto, las organizaciones agrarias han solicitado la intervención de las administraciones, tanto autonómicas como estatales, para mediar entre las partes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. El sector afronta días clave en los que se decidirá no solo el precio de la leche, sino la continuidad de muchas explotaciones.