La justicia desestima la demanda de 93 ganaderos por el cártel de la leche

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, el pasado 4 de noviembre, desestimó una demanda presentada en 2022 por 93 ganaderos contra Nestlé, Lactalis y Pascual, en relación con el cártel de la leche.

La titular del juzgado barcelonés, Berta Pellicer, argumentó que los hechos se consideraron ya conocidos en 2015, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó la resolución inicial que sancionaba a las empresas involucradas en el cártel de la leche. Aunque la CNMC recalculó las sanciones y las impuso en 2019, el fallo concluyó que la responsabilidad civil de los hechos de empresas como Lactalis, Pascual y Nestlé prescribió en 2016.

Pellicer sostiene su fallo en anteriores sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que sentaron jurisprudencia. Según el TJUE, el plazo de reclamación comienza cuando “haya finalizado la infracción” y los afectados ya eran conocedores de la infracción y los daños y perjuicios que les causaba. La motivación del fallo de la titular del juzgado catalán es compartida por las empresas lácteas demandadas.

Este criterio ha sido aplicado en varias sentencias recientes en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona, rechazando demandas similares contra Danone, Puleva y otras compañías lácteas. Sin embargo, esta norma no es uniforme, ya que, en el año 2021, un juzgado de Granada falló inicialmente a favor de una sociedad agraria de transformación, aunque posteriormente la Audiencia Provincial revocó la decisión, aludiendo a problemas de legitimación del demandante.

Este conflicto judicializado aborda las prácticas anticompetitivas de la industria láctea entre 2000 y 2013, quien, según consideró probado la Audiencia Nacional, intercambiaba información estratégica para reducir el precio de compra de la leche cruda.

Tanto es así, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó de forma definitiva con cuantías millonarias a empresas lácteas de España. Grandes empresas como Pascual, Danone, Puleva, Lactalis o Nestlé, entre otras, provisionaron este año más de 60 millones de euros para enfrentarse a las posibles multas impuestas a la espera del fallo del Tribunal Supremo. se fundamenta en que el plazo para exigir indemnizaciones expiró en 2016, según establece la sentencia emitida el 4 de noviembre.

Las recientes resoluciones judiciales generan inquietud entre los ganaderos, que podrían no recibir compensaciones económicas por los daños ocasionados por las prácticas restrictivas de grandes compañías lácteas para abaratar el precio de adquisición de la leche.

Sanciones millonarias a la industria láctea

El caso del Cártel de la leche comenzó en 2011 tras denuncias de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León. En 2019, la CNMC impuso sanciones por 80,6 millones de euros a ocho compañías, aunque parte de estas multas fueron ajustadas o anuladas por tribunales superiores.

El Tribunal Supremo será clave en este proceso, ya que revisa la resolución de la Audiencia Nacional. Este órgano judicial confirmó la existencia de un cártel de la leche por prácticas anticompetitivas. Entre las principales conclusiones señalan que las empresas competidoras se intercambiaban información, estrategias y condiciones comerciales, imponían precios y condiciones a ganaderos, privándolos de libertad para negociar y escoger a sus clientes. Asimismo, acreditaron que estas prácticas se llevaron a cabo de forma continuada durante un total de 13 años.

Según Juan Álvarez, abogado del bufete Eskariam, que representa a más de 8.000 ganaderos afectados, las decisiones del Supremo definirán si los afectados pueden reclamar indemnizaciones y apunta que estos fallos desfavorables pueden tratarse de “casos excepcionales” y que “no son representativos”.