Los contratos de leche en origen bajan de media 10 céntimos el litro.

Ganaderos gallegos denuncian un nuevo “Cártel Lácteo” y bajadas drásticas de precio

El sindicato Unións Agrarias denuncia “una campaña orquestada” por las industrias lácteas para reducir el precio de la leche en origen a menos de dos semanas para renovar los contratos.

23 marzo 2023

Los contratos de leche en origen bajan de media 10 céntimos el litro.
Los contratos de leche en origen bajan de media 10 céntimos el litro.

 

El sindicato Unións Agrarias denuncia “una campaña orquestada” por las industrias lácteas para reducir el precio de la leche en origen a menos de dos semanas para renovar los contratos de producción. Roberto García, el secretario general del sindicato, insta a Competencia a que tome cartas en el asunto y demandan la actuación del Ministerio de Agricultura y la Xunta de Galicia con urgencia. 

“Las agencias de control alimentario, tanto la estatal como la gallega, deben emplazar a las industrias a mantener en vigor dos meses más los actuales contratos, a fin de que cumplan con los plazos que establece la normativa, que señala claramente que los contratos se tienen que presentar con dos meses de antelación y que la granja tiene 15 días para responderlos”, explicó García en rueda de prensa, en la que habló de un nuevo “Cártel Lácteo”. 

Las industrias lácteas, según denuncian, han adoptado una política común de descenso en el precio de la leche en origen, lo que se traduce en una bajada de entre el 10 y el 13%. Esto se traduce en una reducción de 5 a 8 céntimos, con algunos casos extraordinarios en los que cada litro de leche en origen se pagará a 10 céntimos menos. La única empresa que presentó una primera oferta con dos meses de antelación fue Lactalis. 

La situación es crítica, según los productores, porque el estrecho margen de maniobra cierra las vías alternativas y fuerza prácticamente a la renovación con cifras muy por debajo del precio actual. Desde las granjas exponen que los costes de producción se mantienen elevados, tanto en piensos como en fertilizantes o gasto energético, y que eso no puede ser asumido por el producto en origen. 

“Si esos contratos no se prorrogan, la única solución es imponer las sanciones correspondientes. La Agencia de Información y Control Alimentario (Aica) tiene ya desde febrero escritos nuestros en los que le advertimos del incumplimiento de plazos en la presentación de contratos”, defendió García en rueda de prensa, quien advirtió de que las multas pueden llegar “hasta los 100.000 euros para cada industria”. 

Unións Agrarias exige la renovación de los actuales acuerdos para respetar la ley y anuncian que presentarán denuncias ante la Aica a nivel autonómico y nacional. Argumentan que los contratos de ganaderos de menos de 200.000 kilos están cobrando “hasta 11 céntimos menos por ser una explotación pequeña”. Esta diferencia sería constitutiva de una ilegalidad si está por debajo de los costes de producción, porque incumpliría la ley de cadena alimentaria. 

Primeras denuncias presentadas contra el supuesto “Cártel Lácteo” 

El sindicado Agromuralla ha solicitado la intervención de la Aica por “graves incumplimientos” y sospechas de “que las industrias tienen un acuerdo para bajar el precio que pagan, como ya ocurrió el año pasado”. “Estaríamos ante un nuevo Cártel Lácteo porque este tipo de prácticas son contrarias a la normativa reguladora de la competencia”, afirmaron en rueda de prensa los vocales del sindicato. 

Agromuralla y el gabinete jurídico Eskariam han iniciado un proceso judicial por vía civil contra las industrias que conforman este nuevo “Cartel Lácteo” en diferentes juzgados españoles. Entre las empresas denunciadas se encuentran Lactalis y Danone, a las cuales reclaman 3,5 millones de euros en indemnizaciones. 

“Estas demandas, trabajadas durante muchos meses, quieren reflejar todas las particularidades que se pueden dar dentro del denominado Cártel de la Leche y facilitar la toma de decisiones por parte de los diferentes juzgados. Dentro de nuestra estrategia responsable, estas demandas testigo nos permiten avanzar en el proceso y no colapsar los juzgados, como pasaría presentando miles de demandas al mismo tiempo”, aseguró en  rueda de prensa David Fernández, CEO de Eskariam. 

Se estima que más de 30.000 ganaderos tienen derecho a reclamar gracias a una sentencia del 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que amplió el plazo de prescripción. «Nos dirigimos a todos aquellos ganaderos que a día de hoy no han dado el paso de sumarse a esta demanda colectiva para que lo hagan. No existe riesgo alguno de que las industrias les dejen de recoger la leche», aseguran desde Agromuralla. 

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