Entra en vigor el nuevo impuesto al plástico

El nuevo impuesto especial al plástico contemplado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular entró en vigor el día 1 de enero de 2023 y se aplicará a los envases no reutilizables. El gravamen que se aplica es de 0,45 céntimos de euro por cada kilo de plástico. Entre los objetivos de esta medida se encuentran el prevenir la generación de residuos e impulsar los comportamientos respetuosos con el medio ambiente. Esto afecta directamente a la industria láctea en todos sus formatos, desde los briks de leche a los envases de mantequilla o yogur. 

Este tributo es de naturaleza indirecta y se aplicará a envases no reutilizables que contengan plástico. Este tipo de envases son los diseñados para proteger, presentar, contener o manipular mercancías y productos. También quedan recogidos en la nueva normativa las preformas y láminas plásticas que permiten crear estos envases. Las exenciones se aplican en el caso de medicamentos, productos sanitarios, alimentos médicos o preparados para lactantes, entre otros. 

El tipo de polímero, su durabilidad, la cantidad utilizada en su elaboración, la cantidad de material reciclado en su composición o la presencia de sustancias peligrosas son algunos de los factores que el nuevo impuesto tendrá en cuenta, pues afectan a la posibilidad de reutilizar o no un plástico. La tasa impositiva se determinará según estos aspectos y además habrá una bonificación cuando el producto se adapte a los criterios de eficiencia. 

Los consumidores, en un principio, no asumen el coste de este impuesto, sino que repercute directamente sobre los productores. Tanto es así, que el real decreto cuenta con una parte polémica en su texto. Si los ciudadanos depositan plásticos en contenedores de recogida selectiva de manera errónea se obligará a los fabricantes a financiar la recuperación de aquellos que aparezcan en contenedores generales y en el entorno. La ciudadanía también será responsable de la gestión de residuos que haga la industria. 

Un decreto adaptado a la Unión Europea 

La legislación española pasa a cumplir los requerimientos de la Unión Europea sobre prevención de residuos y economía circular gracias a este nuevo decreto e impuesto. España amplía su fiscalidad verde, cuya cuota es de las menores a nivel europeo, y estima una recaudación por encima de los 700 millones de euros al año. A mayores, la reducción de envases de plástico será del 50% en 2026 y del 70% en 2030. 

Los apartados de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular suponen un cambio sustancial para los comercios minoristas, que deberán adoptar las medidas necesarias para ofrecer de manera obligatoria la posibilidad de comprar frutas y verdura a granel en sus establecimientos. 

Las tiendas de alimentación que superen los 400 metros cuadrados de superficie están obligadas a dedicar un 20% de su espacio a la venta a granel. El nuevo texto legal también contempla el derecho del consumidor a usar recipientes reutilizables. En caso de observar un riesgo para la salud por problemas de limpieza o acondicionamiento, los locales de venta pueden negarse a vender o servir.