Los ganaderos reclaman a la industria 2.600 millones por los bajos precios de la leche

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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reclama a la industria láctea 2.600 millones de euros por los perjuicios provocados a los productores de leche a través de la creación de un “cártel”, con el cual se produjo una fijación coordinada de precios a la baja para retribuir a los ganaderos. 

La organización ha cifrado el número total de profesionales afectados en 60.000, de los cuales son parte de la denuncia a día de hoy solo 10.000, según declaró la UPA en la Audiencia Nacional como parte del proceso abierto en la acusación contra ocho empresas y dos asociaciones del sector lácteo. Esta organización concentra por si sola las demandas de más de 5.000 ganaderos, que en total reclaman una cifra que asciende hasta los 1.200 millones de euros. 

Los productores de leche buscan en este proceso que la Audiencia Nacional confirma una sanción como la que ya interpuso en 2015 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por la que se multó a las empresas lácteas españolas con casi 90 millones de euros por prácticas contra la competencia en el mercado. 

“Doce años después del inicio del proceso estamos seguros de que saldrá la confirmación por parte de la Audiencia Nacional de la decisión de la CNMV. 50.000 ganaderos han ido cerrando como consecuencia de este tipo de comportamiento ilícito. Mientras no se ejecuten estas sanciones, no se corregirán estos comportamientos. De forma coordinada, la industria ha puesto en marcha una nueva bajada de precios sin que hubiese razones de mercado”, ha afirmado a la salida de los juzgados el secretario general de Unión Agrarias-UPA Galicia, Roberto García. 

El portavoz afirmó que el “cártel lácteo” ha provocado con su actividad un empobrecimiento de “más de 2.600 millones de euros en los ganaderos que han quedado en las cuentas de la industria”. Aunque los hechos tuvieron lugar entre los años 2000 y 2013, cuando los ganaderos recibieron hasta un 15% menos de lo que hubiera correspondido, la UPA indica que desde el pasado mes de mayo el comportamiento se ha replicado en los nuevos contratos. 

Desde UPA-Castilla y León han recalcado que se trata de un tipo de acción muy relevante de esa organización “contra las industrias lácteas y en defensa de las explotaciones familiares ganaderas del conjunto de nuestro país, puesto que en España recordemos que hay en torno a 11.000 explotaciones de vacuno de leche y alrededor de 800 (un 7%) son de Castilla y León”.